Áñez denuncia aprehensión ilegal y Gobierno boliviano niega persecución política
La ex presidenta interina fue detenida en el marco de la investigación sobre el caso «Golpe de Estado» acusada por el delito de sedición, conspiración y otros.
El Gobierno boliviano ha asegurado este sábado que no existe ningún tipo de persecución política contra la que se proclamara presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, detenida hace unas horas por las fuerzas de seguridad en el marco de la investigación sobre el caso ‘Golpe de Estado’ en el país latinoamericano, en una operación que la propia Áñez ha descrito como una «aprehensión ilegal».
La exsenadora llegó a las 04:30 de este sábado, hora local, a la base de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en la ciudad de El Alto, desde donde será trasladada al Ministerio Público de La Paz, tras su detención en Trinidad. «Aquí con una aprehensión ilegal, sin previo aviso», se limitó a declarar Áñez ante los medios que la recibieron a su llegada, acompañada de un dispositivo policial.
«La Policía boliviana ha cumplido con una orden de aprehensión por el caso de Golpe de Estado, por delito de sedición, conspiración y otros, en un proceso, y lo digo así muy claro, que ha seguido todo su curso. Serán las autoridades judiciales las que determinen la situación jurídica de las personas aprehendidas», ha hecho saber el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en rueda de prensa recogida por el diario boliviano ‘La Razón’.
Asimismo, los exministros de Justicia Álvaro Coimbra, y Energías Rodrigo Guzmán, también detenidos por este caso, ya han sido trasladados desde la Fiscalía a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. Se desconoce el paradero de otro acusado, el exministro de Presidencia Yerko Núñez, mientras que los exministros de Defensa Luis Fernando López, y Gobierno, Arturo Murillo, también imputados, han sido declarado prófugos tras huir a Estados Unidos.
Todo ellos han sido acusados de delitos de terrorismo, sedición y conspiración, por su posible participación durante las violentas revueltas entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de diciembre de ese mismo año, incluyendo las masacres de Sacaba y Senkata, y que propiciaron la renuncia del presidente Evo Morales a su victoria y su salida del país rumbo primero a México y luego a Argentina.
La orden de detención también solicita el arresto del almirante Palmiro Jarjuri, antiguo comandante de la Armada, de Jorge Gonzalo Terceros, quien ostentaba el mismo cargo en la Fuerza Aérea, así como del general Gonzalo Mendieta.
Asimismo, entre los militares acusados por la Fiscalía también están el general de División Aérea Jorge Elmer Fernández y el exjefe de Estado Mayor de las FFAA, Flavio Gustavo Arce San Martín, quien fue detenido el miércoles.
Precisamente, este viernes la Fiscalía presentó acusaciones de sedición, conspiración y terrorismo contra Flavio Arce en una audiencia cautelar en la que la Justicia dictó prisión preventiva para el exmilitar en la cárcel de San Pedro de La Paz, recoge el medio boliviano antes mencionado.
A todo ello, se suman la ordenes de detención emitidas ya el jueves por la Fiscalía contra el excomandante de la Policía Boliviana Vladimir Yuri Calderón y del exjefe de las FFAA Williams Kaliman.
En concreto, la Fiscalía ha identificado a 13 exautoridades del anterior Gobierno en el marco de esta investigación.
El caso ‘Golpe de Estado’ se enmarca en una investigación tras la denuncia de la exdiputada del MAS Lidia Patty, quien acusó a Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y candidato en las presidenciales del año pasado en las que salió triunfador Luis Arce, de instigar junto a su padre y varios mandos militares y policiales las revueltas y la salida de Morales.
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