A partir del sábado pasado se comenzó a aplicar en todo el país la ley que aumenta las sanciones por incumplimiento de las medidas sanitarias, lo que significó que en Ñuble, diez personas reincidentes por vulnerar el toque de queda quedaran con medidas restrictivas de libertad, como arresto domiciliario total, arresto domiciliario nocturno o arraigo nacional. Del total de los imputados, nueve son menores de 40 años y algunos han cometido la infracción por tercera e incluso cuarta vez.

A esto, se suman las acciones legales que interpondrá la Intendencia de Ñuble contra cada uno de ellos por transgredir las normas sanitarias y poner en peligro a la población. Esto, se complementa con la presentación de siete querellas que ya ha presentado con anterioridad.

El Intendente Martín Arrau destacó que “el esfuerzo que están llevando adelante las Fuerzas Armadas y las Policías en cuanto al control y fiscalización de las medidas sanitarias, están siendo respaldadas por la Ley que endurece las penas y multas contra quienes infringen estas normas y que, en el caso de Ñuble, solo este fin de semana, permitió dejar con arresto domiciliario o reclusión nocturna a diez infractores del toque de queda. Esto nos entrega herramientas para no dejar impune a quienes juegan con la salud de las personas”.

En tanto, el Jefe de la XVI Zona de Carabineros Ñuble, General Mario Sepúlveda, señaló que “El despliegue dinámico de los servicios policiales desarrollados en el transcurso de esta emergencia sanitaria, nos ha permitido detener a más de 3.600 infractores de las diversas medidas que buscan proteger la Salud Pública”.  Y agregó que durante la pandemia: “los controles y fiscalizaciones efectuados día y noche por Carabineros, en un incansable trabajo por proteger la integridad de las familias, ha tenido como resultado la detención de 313 reincidentes, de ellos, 245 por segunda vez, 51 por tercera vez, 13 por cuarta ocasión y cuatro que ya registran cinco reincidencias”.

Cabe señalar que, a nivel nacional  durante la última semana,  el 51% de las detenciones por delitos contra la salud pública se concentran en personas que tienen entre 18 y 30 años y el 36% en aquellos que tienen entre 31 y 45 años. Es decir, el 87% de las detenciones (96.952) se distribuye entre quienes tienen 18 y 45 años.

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